La agenda oculta de la OMC
Por Greg Palast
Friday, November 9, 2001
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LONDRES - Tres documentos confidenciales del Secretariado de la Organización
Mundial del Comercio y de un grupo de magnates de las finanzas londinenses
que se llaman a sí mismos "los británicos invisibles,"
revelan la extraordinaria imbricación secreta de la industria con
el gobierno en la preparación de propuestas europeas y estadounidenses
para realizar cambios radicales de las reglas de la OMC en favor del mundo
empresarial.
Un conjunto de documentos, actas de las reuniones privadas del comité
de Liberalización del Comercio en los Servicios (LOTIS), obtenidas
por el programa de televisión de la BBC Newsnight, detallan 14
reuniones secretas desde abril de 1999 a febrero de 2001, entre los principales
negociadores de la industria de los servicios de Gran Bretaña,
el Banco de Inglaterra y los que mueven los hilos en el mundo de los negocios
euro-estadounidenses. Entre los asistentes a estas reuniones a puerta
cerrada del LOTIS estaba Peter Sutherland, Presidente Internacional del
banco de negocios estadounidense Goldman Sachs, y anteriormente Director
General de la Organización Mundial del Comercio.
LOTIS está presidido por Lord Brittan de Spennithorne, Consejero
de la Reina, quien, cuando aún era Leon Brittan, presidió
la Unión Europea. Actualmente sirve como vicepresidente del banco
internacional UBS Warburg Dillon Read.
Otros miembros del LOTIS incluyen a los jefes europeos de los gigantes
de la industria de servicios de EE.UU., Morgan Stanley Dean Witter, Prudential
Corporation y Price Waterhouse Coopers. LOTIS es una derivación
de los autoproclamados "británicos invisibles," conocidos
anteriormente como el grupo Internacional de Servicios Financieros de
Londres. En varias ocasiones se les unieron miembros especialmente invitados
del equipo de negociación comercial de la Comisión Europea.
Las actas indican que los funcionarios gubernamentales compartieron con
los dirigentes corporativos documentos confidenciales sobre negociaciones,
así como información privilegiada sobre las posiciones negociadoras
de la Comunidad Europea, EE.UU. y las naciones en vías de desarrollo.
En la reunión realizada el 22 de febrero de este año, el
negociador principal de Gran Bretaña para el Acuerdo General sobre
el Comercio en Servicios (GATS) se refirió al documento de la Comisión
Europea sobre la regulación de la industria, que había sido
circulado en privado a los miembros de LOTIS para que hicieran sus comentarios.
El GATS es un acuerdo de gran alcance que afectaría a todos los
servicios públicos desde la atención sanitaria a la educación,
la energía, el agua y los transportes. Dicen los críticos
del acuerdo que podría poner en peligro las leyes nacionales sobre
el medio ambiente, el trabajo y el consumo, considerándolas barreras
al comercio, llevando a la desregulación total de estos y otros
servicios críticos.
Barry Coates, director de la organización de control de la OMC,
el Movimiento Mundial de Desarrollo, dijo que le sorprendió oír
que los miembros industriales del LOTIS habían recibido documentos
que el gobierno británico se había negado a divulgar a su
organización, incluso papeles "que nos dijeron que no existían".
Coates, actualmente en Qatar, observando la confabulación de la
OMC, consideró algo risible que las actas indicaran que miembros
del LOTIS, cuyas compañías representan más de 100.000
millones de dólares en activos, actuaran obsesionados por rebatir
los argumentos y las acciones de una organización de bajo presupuesto
como la suya. Dos de las reuniones del LOTIS se concentraron en la contratación
de firmas consultoras y académicos para que presenten a las agencias
gubernamentales respuestas a los argumentos del Movimiento Mundial de
Desarrollo, que ponen en duda el GATS y la agenda de globalización
en general. Las actas señalaban que "el caso del GATS es vulnerable
cuando la ONG solicita pruebas de cuáles son los beneficios económicos
de la liberalización."
El ejecutivo de Reuters, Henry Manisty, ofreció su agencia de noticias
al esfuerzo propagandístico de LOTIS. Manisty declaró al
grupo de LOTIS que se "preguntaba cómo se podría presentar
de la mejor manera posible al público los puntos de vista de los
empresarios." Reuters, dijo, "estaría muy dispuesto a
aportarles publicidad."
"Durante mucho tiempo los teóricos de la conspiración
pensaron que había habido reuniones secretas entre gobiernos y
corporaciones," dijo Coates. "Mirando estas actas, es aún
peor de lo que pensábamos. [Las propuestas de la OMC y GATS] son
una maquinación urdida entre los grupos de presión de las
corporaciones y el gobierno."
¿Un asunto de necesidad?
Además de haber obtenido acceso por adelantado o exclusivo a documentos
de negociación gubernamentales que son confidenciales, las actas
indican que los jefes de la industria, como miembros del Foro Europeo
de Servicios, mantuvieron reuniones exclusivas con el grupo del "Artículo
133," que establece las políticas comerciales de la Comisión
Europea. Se supone que las deliberaciones del grupo del Artículo
133 sean confidenciales.
Por lo menos una reunión semejante con el comité del Artículo
133, realizada el 30 de octubre, ha sido independientemente confirmada
por investigadores del gabinete estratégico holandés Corporate
Europe Observatory.
Otros dos conjuntos de documentos sugieren que el LOTIS y otros grupos
de presión corporativos parecen haber tenido un sorprendente éxito
logrando que los gobiernos occidentales adopten sus planes para expandir
radicalmente el alcance del tratado del GATS. Un memorándum confidencial
con fecha 19 de marzo, obtenido del interior del Secretariado de la OMC,
escrito cuatro semanas después de la reunión del LOTIS sobre
el asunto, indica que los negociadores europeos habían aceptado
modificaciones favorecidas por la industria al artículo V.I.4 del
GATS, conocido como la "prueba de necesidad".
La prueba de necesidad requiere que las naciones demuestren que sus regulaciones
-desde el control de la contaminación hasta las leyes contra el
trabajo infantil- no constituyen obstáculos encubiertos al comercio.
La industria quiere que la OMC emplee un test de necesidad similar al
que existe en el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte,
que ha afectado radicalmente las regulaciones medioambientales locales.
Por ejemplo, se ha obligado a México a pagar 17 millones de dólares
a una corporación estadounidense, Metalclad, por haber demorado
la operación de su vertedero y de su planta de procesamiento de
desperdicios tóxicos. Los funcionarios mexicanos locales habían
intentado detener la operación de la planta porque fue construida
sin permiso de obras, que no hubiera obtenido, ya que la planta de proceso
de toxinas estaba ubicada sobre el suministro de agua potable local.
Según el memorándum secreto del 19 de marzo del Grupo de
Trabajo sobre Regulaciones Interiores, distribuido a los miembros de la
OMC por el Secretariado de la organización, los negociadores europeos
llegaron a un consenso privado de modificar el acuerdo mundial del GATS
para que incluya una forma incluso mucho más dura de prueba de
necesidad que la que se encuentra en el NAFTA. El acuerdo entre EE.UU.,
Canadá y México sólo requiere que las regulaciones
de un país contengan "el mínimo de restricciones para
el comercio."
Bajo el GATS, tal como propone el memorándum, las leyes y las regulaciones
nacionales serían eliminadas si son más "onerosas de
lo indispensable" para las empresas. La diferencia entre el lenguaje
del NAFTA y la proposición para el GATS es sutil, pero el efecto
sería enorme. El lenguaje en el memorándum de la OMC elimina
efectivamente el comercio de la ecuación. En su lugar, una nación
tendría que adoptar pautas que sean, en el lenguaje del memorándum,
las más "eficientes" - es decir aquellas que causen el
menor costo a las empresas.
NAFTA con esteroides
Los cambios, tal como han sido propuestos, recortarían drásticamente
los controles reguladores sobre las empresas locales, así como
sobre las compañías extranjeras que tratan de penetrar un
mercado. Por ejemplo, el estado de California prohibió el aditivo
a la gasolina, MBTE, porque contamina el agua subterránea. El fabricante
canadiense del aditivo ha entablado una demanda contra Estados Unidos
bajo el NAFTA, sobre la base de que la prohibición del producto
químico no constituía la alternativa "menos restrictiva
para el comercio" para detener la contaminación del agua subterránea.
Los canadienses argumentan que California podría haber excavado
y reparado miles de tanques que contienen estaciones de gas y haber establecido
un nuevo sistema gigantesco de inspección. Aunque la alternativa
costaría miles de millones de dólares, podría efectivamente
forzar a California a renunciar a la protección de su agua subterránea,
y permitiría que Canadá continuara exportando el contaminante.
California se opone a la interpretación canadiense del test de
necesidad ante un panel de disputas del NAFTA. Pero, según el lenguaje
propuesto por la OMC, el estado no tendría defensa alguna. Lori
Wallach de Global Trade Watch, Washington DC, califica el lenguaje propuesto
por GATS de "NAFTA con esteroides."
Las proposiciones del Secretariado de la OMC siguen directivas sugeridas
en otro documento confidencial del Grupo de Trabajo de la Comunidad Europea
del 24 de febrero, intitulado "Regulaciones Interiores: Necesidad
y Transparencia," publicado justo después de una reunión
del LOTIS sobre el mismo tema con los negociadores comerciales europeos.
Portavoces del Departamento de Comercio e Industria de Gran Bretaña,
que es uno de los dirigentes en el Grupo de Trabajo de la CE, respondieron
a nuestro descubrimiento de los documentos, declarando que los cambios
del GATS, tal como fueron propuestos, seguirían permitiendo a las
naciones su "derecho soberano a regular los servicios" para
que cumplan con los "objetivos de política nacional."
Sin embargo, según el memorándum confidencial del 19 de
marzo, los ministros de comercio se han puesto de acuerdo durante negociaciones
secretas multilaterales en que, ante un tribunal de la OMC, una defensa
basada en "la salvaguardia del interés público... sería
rechazada."
En lugar de la defensa del "interés público,"
el Secretariado de la OMC sugiere en el memorándum que el organismo
del comercio adopte un "principio de eficiencia." Este tiene
la ventaja, dice el documento del Grupo de Trabajo oficial, de permitir
a los presidentes y a los primer ministros hostiles a las regulaciones
de protección del ambiente, que las eliminen -no con los votos
del congreso o del parlamento de un país, sino que a través
de un edicto de la OMC que no podría ser revocado por la nación.
"Podría ser más aceptable políticamente,"
dice el memorándum, "que los países acepten obligaciones
internacionales que den primacía a la eficiencia económica."
Si, por ejemplo, la administración Bush prefiriera no reducir la
contaminación con arsénico del agua, resultante de las operaciones
de la minería, a pesar de la legislación del congreso y
de las decisiones de los paneles reguladores, podría eliminar las
leyes anti-contaminación accediendo a las órdenes de un
panel sobre disputas de la OMC que considerara que la regulación
es más onerosa de lo necesario. A diferencia de las medidas del
congreso, los organismos reguladores y los tribunales estadounidenses,
las deliberaciones y la evidencia presentada ante el panel de disputas
de la OMC, están cerrados al público y los archivos son
secretos.
Un portavoz de la Organización Mundial del Comercio reconoció
la autenticidad de la nota del 19 de marzo. Sin embargo, dijo que el documento
de discusión interna no debiera ser entendido como una sugerencia
de que la OMC podría tener el "poder de revocar leyes o regulaciones
nacionales."
Barry Coates del Movimiento Mundial de Desarrollo no está de acuerdo,
"En esencia, constituye un ataque directo contra el proceso democrático."
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Traducido por Germán Leyens y revisado por Marcel Coderch
Greg Palast es un periodista de investigación que escribe una columna
llamada "Dentro de EE.UU. Corporativo" para el Observer, el
periódico dominical más respetado en Gran Bretaña.
Todas las columnas de Greg pueden ser leídas en su sitio en la
red.
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