PLAN COLOMBIA Y LOS EFECTOS EN EL NORTE DEL ECUADOR
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OBSERVATORIO INTERNACIONAL POR LA PAZ EVALUACIÓN
DE LA SITUACION EN EL 2002
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Contexto
El 20 de febrero del 2002 el Presidente de Colombia Andrés Pastrana
rompe el proceso de paz con las FARC; poco tiempo después Alvaro
Uribe partidario de los paramilitares, era elegido como nuevo presidente
de Colombia; estos dos hechos rompen las ilusiones pacificatorias y toman
impulso las propuestas militaristas para enfrentar la crisis en el hermano
país.
Nuevas campañas de fumigación y enfrentamientos armados
son la constante en Colombia durante el año 2002 con la consiguiente
secuela de desplazados y refugiados.
En el mes de junio indígenas de 4 países de América
Latina: Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador se reunieron en Quito
para analizar la situación y denunciaban que El Plan Colombia "es
una cortina de humo que esconde la intención de desplazar a las
comunidades indígenas de la Amazonia por ser una región
muy rica en recursos minerales flora y fauna"
En el marco internacional hay un continuado esfuerzo por involucrar al
país en el conflicto interno de Colombia: En octubre el presidente
Uribe, afirmaba que “el conflicto armado en su país podría
desestabilizar a otras naciones de América Latina y solicitó
ayuda internacional para superar ese estado de violencia. Afirmó
que era una necesidad la conformación de una fuerza sudamericana
para afrontar el terrorismo y el narcotráfico” .
Así mismo, en la visita que hiciera el jefe del Comando Sur de
Estados Unidos la Base de Manta señaló que “El problema
que existe en Colombia es el problema de Ecuador, Brasil, Venezuela, Perú
y de EE.UU.”y solo podremos solucionarlo si luchamos conjuntamente”.
” .
En el ámbito interno dos pronunciamientos del Presidente de la
República causaron preocupación, porque alertaron sobre
una posible participación del Ecuador en el conflicto Colombiano
y el endurecimiento de la situación. En marzo planteó la
posibilidad de “ampliar el objetivo de la Base de Manta para combatir
el terrorismo” ; y en julio expidió el decreto reformatorio,
según el cual, podrán nombrarse Gobernadores Militares en
las Provincias afectadas por el conflicto interno colombiano.
A estos pronunciamientos se suman la advertencia a los grupos armados
que si intentan traspasar las fronteras de Ecuador “recibirán
balas”; y la critica a los Organismos de Derechos Humanos por proteger
a los “robacarros y secuestradores. Por la acción de la ciudadanía,
estas posiciones no pasaron de ser meros enunciados que no llegaron a
concretarse.
En innumerables ocasiones los editorialistas del Diario la Hora del El
Carchi haciéndose eco de la población solicitaron la finalización
del convenio para la utilización de la Base Militar de Manta, porque
involucra al Ecuador en el conflicto colombiano, lo cual incide directamente
sobre la situación de los pueblos de frontera.
Los Actores del 2002
Una de las manifestaciones de este nuevo impulso a la acción militarista
fue la cada vez mayor presencia de paramilitares en territorio ecuatoriano.
Las noticias del 2002 dan cuenta de varios hechos que tienen como protagonistas
a las Autodefensas Unidas de Colombia.
Entre los más importantes:
El tiroteo en el puente de hormigón armado que une a los poblados
de Santa Bárbara y El Playón, en Sucumbíos, con El
Carmelo, en Tulcán. “Según relataron dos lugareños
el incidente se produjo porque “los paramilitares colombianos instalaron
un retén en el puente y pedían dinero a los chóferes
de los vehículos que circulaban por la zona.
En una nota del 5 de agosto el diario La Hora de Esmeraldas recoge versiones
en torno a la acción paramilitar en el Ecuador “Grupos paramilitares
colombianos están incursionando en territorio ecuatoriano y ofreciendo
sus servicios de guardaespaldas a propietarios rurales a los cuales manifiestan
que están en peligro de ser secuestrados por las FARC; y piden
por sus servicios de vigilancia una suma aproximada a los 2.000 dólares
mensuales.
La información anota que “existen indicios sobre grupos armados
similares que operan en Santo Domingo de los Colorados, Cotopaxi y Chimborazo
y que son financiados por agricultores y ganaderos. Se ha denunciado que
en provincias como Sucumbíos han ajusticiado a supuestos colaboradores
con la guerrilla, campesinos e indígenas, cuyos cadáveres
aparecen maniatados cerca de los ríos, o que entran a un lugar
disparando indiscriminadamente; se conoce así mismo que dominan
zonas de la extensa selva y que cuentan con abastecedores de alimentos,
ropa y gasolina” .
“Según un militar colombiano, en combates con las tropas
de ese país, han perecido también paramilitares que son
de nacionalidad ecuatoriana.
En septiembre se recogen las declaraciones de los cuatro paramilitares
arrestados en Sucumbíos quienes confesaron tener la misión
específica de convertir a Lago Agrio en su centro de operaciones,
con control militar absoluto. En sus declaraciones, los paramilitares
aseguraron que cuentan con el auxilio y complicidad del Ejército
colombiano.
En el mismo mes de septiembre paramilitares colombianos a bordo de una
avioneta sobrevolaron el espacio aéreo ecuatoriano y distribuyeron
volantes invitando al pueblo ecuatoriano a denunciar a los cabecillas
de las FARC y a unirse a la causa de los paramilitares; ofrecen recompensas
de hasta dos millones de dólares y absoluta reserva para quien
denuncie a miembros de las FARC, que según los panfletos, operan
en territorio ecuatoriano, ejerciendo actividades del narcotráfico.
El 17 de septiembre una nota de la Hora del Carchi afirma que “desde
la clandestinidad un paramilitar confiesa la existencia de paramilitares
en Ecuador y la ejecución de acciones de este grupo en territorio
ecuatoriano, como asesinatos, masacres y negocios del narcotráfico.
Afirma que si hay paramilitares en Ecuador es porque también aquí
hay guerrilla de las FARC.”
Por su parte, la guerrilla en innumerables ocasiones, reiteró que
no le interesa realizar operaciones militares fuera de las fronteras de
Colombia; Afirmaciones que fueron corroboradas por militares ecuatorianos
que desestimaron versiones sobre la acción de las FARC en el Ecuador.
Sin embargo el hermetismo oficial, el nerviosismo de la población,
la utilización cotidiana del rumor como principal fuente de información
llevó a que permanentemente se confundan los actores y se distorsionen
los hechos, ocasionando mayor sensación de inseguridad; Este problema
se evidencia también en las noticias de prensa, muchas de las cuales
se basan en rumores y generalizaciones.
El periódico la Hora del 15 de septiembre planteaba: “La
guerrilla, paramilitares, grupos insurgentes menores, narcos, sicarios
y delincuentes colombianos han montado su centro de operaciones e implementan
impuestos, sobornos y boleteos en territorio ecuatoriano... Así
lo denuncian sus habitantes”.
No se sabe quien mismo es...
En algunos hechos de violencia se culpa a los actores armados de la vecina
República, pero muchos de ellos se trata de acciones de delincuentes
comunes que se amparan en el conflicto para generar miedo, caos, inseguridad...
“Un ciudadano colombiano murió y otra de la misma nacionalidad
resultó herido en un incidente de ajusticiamiento por mano propia,
en la provincia de Orellana. En sus primeras declaraciones, el herido
reconoció haber realizado – junto a su compañero fallecido
– intimidaciones a los campesinos simulando ser miembros de las
FARC”.
“Se emboscó a una patrulla de la Policía Nacional
ecuatoriana en la Parroquia General Farfán perteneciente al Cantón
Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, con saldo de cuatro militares
ecuatorianos heridos de gravedad. Según declaraciones del Coronel
Francisco Ramírez, Comandante Provincial de Policía de Sucumbíos,
no se descarta que se trate de delincuentes comunes que operan en la zona
contrabandeando combustibles o químicos”.
“El tránsito por la carretera que une a las parroquias fronterizas
de Chical y Maldonado, al noroccidente de Tulcán, se volvió
peligroso. Fueron detenidos tres individuos que obstaculizaron la vía
para extorsionar a los transportistas que circulaban por el sector. Uno
de ellos declaró que se encontraban en el lugar con la intención
de asaltar a los vehículos. “Fuimos obligados por individuos,
supuestamente, miembros de la guerrilla”.
En San Gabriel, en el cantón Montúfar, al norte de Carchi,
la extorsión permanente de los grupos armados a los ganaderos,
también conocida como “boleteo”, es un secreto a voces
entre la población. Los afectados son, principalmente, los propietarios
de haciendas y los miembros de familias adineradas. Un hombre recibió
una carta y se enteró que si no depositaba 1 200 dólares,
cada tres meses, uno de sus familiares desaparecería. La misiva
está firmada por el ELN, pero nadie descarta que se trate de delincuentes
comunes que se toman el nombre de este grupo subversivo para operar. Ante
el miedo del “boleteo” varios empresarios han abandonado la
provincia y han decidido radicarse en la ciudad de Quito.
El comandante del Batallón de Infantería Galo Molina, coronel
Wágner Bravo, confirmó que el Ejército colombiano
efectuó una persecución en territorio ecuatoriano. Ayer
remitió un comunicado al gobernador de Carchi, Edgar Moscoso. El
texto dice que el jueves se produjo un choque armado entro los ejércitos
de Ecuador y Colombia. El informe detalla que cuando los hombres del Ejército
de Colombia realizaban tareas de búsqueda se encontraron con una
patrulla ecuatoriana; se enfrentaron por confusión. “
Mas recursos
La situación que enfrenta el vecino país del norte, sirvió
como pretexto válido para que en varias oportunidades Fuerzas Armadas
y policía soliciten aumento de presupuesto; ya en marzo, a tres
meses de iniciado el año fiscal el Ministro de Defensa planteaba
ante el Congreso la necesidad de más recursos para la seguridad.
Contrabando de armas
En dos oportunidades la prensa de país reseña acciones de
la policía que captura armamento militar ecuatoriano que estaba
siendo enviado a Colombia; en el primero registrado en el mes de febrero
“La Policía de Sucumbíos capturó un cargamento
de municiones militares ecuatorianas con destino a Colombia. En total,
se decomisaron 70 000 balas de diferentes calibres, entre ellas 67 000
cartuchos, 762 para fusil FAL, 97 proyectiles para morteros de 40 milímetros
y resto de balas de calibre nueve milímetros .
El segundo, con el título “Falsos policías roban armas
para las FARC” El Comercio señala que la policía decomisó
armas y municiones que en valor superan los 160 000 dólares; la
nota plantea que los detenidos portaban uniformes originales del Grupo
de Intervención y Rescate (GIR), con nombres y grados de policías..
Violencia en las provincias
Sucumbíos
En el informe de OIPAZ del año 2001 se menciona que entre enero
y septiembre del año 2002 se produjeron en Sucumbíos 73
homicidios que significa un promedio mensual de 8; homicidios. Esta cifra
es igualada en apenas los primeros 5 meses del año 2002, con un
promedio mensual de 14.6 homicidios; aunque en los meses subsiguientes
este promedio tiende a decrecer. El mes más violento fue mayo (18)
seguido por febrero, abril y agosto (17); los que menos muertes registran
son: diciembre (1) junio (7), julio y noviembre (8); el promedio mensual
del año 2002 fue de 11.6 muertes violentas por mes.
Entre enero y mayo del 2002 se registran en Sucumbíos un promedio
de 45.4 delitos por mes contra las personas y de 36.6 contra la propiedad
; mientras, entre enero y septiembre del 2001 se reportaron un promedio
mensual de 38 delitos contra personas, y 47 delitos contra la propiedad.
Frente a la arremetida de la violencia, y al endurecimiento de las posiciones
en Colombia en diversas oportunidades se plantearon medidas para restringir
el paso por la frontera,, incluso se llegó a considerar la posibilidad
de decretar estado de emergencia para esas provincias con el consiguiente
toque de queda y el cierre de la frontera.
En octubre se reunieron los dirigentes de los taxistas y varias organizaciones
sociales de Sucumbíos con el Ministro de Gobierno para discutir
el cierre del puente internacional sobre el río San Miguel; la
medida obedecía a que durante este año fueron asaltados
y acribillados al menos 17 taxistas y 11 autos no pudieron ser recuperados.
Al aumento de la violencia se suman los efectos de las fumigaciones; un
reporte de prensa de septiembre decía: “Seis avionetas fumigadoras
rociaron las riberas del río San Miguel, en territorio ecuatoriano.
Los campesinos de la zona denuncian la pérdida de sus cultivos
de arroz, cacao, plátano, café, caña y pastizales,
así como la afectación de toda la vegetación, en
un área de 3 mil hectáreas; denunciaron también la
contaminación de las aguas de la región por la que han resultado
intoxicadas personas y animales; la muerte de muchos animales domésticos,
principalmente aves de corral, la aparición de erupciones en la
piel en las personas y varios casos de abortos en mujeres. Fumigaciones
El informe de OIPAZ del 2001 da cuenta sobre el efecto de las fumigaciones
tanto en la producción agrícola como en la salud de los
habitantes; sin embargo, en el 2002 continuaron estas acciones y se acentuaron
sus efectos.
En este año arreciaron las demandas planteadas por los distintos
actores aunque no tuvieron la suficiente fuerza como para detener las
acciones. A principios de 2002 en la Universidad Andina se organizan una
serie de conversatorios sobre el tema de fumigaciones y su incidencia
en el país al que asisten organizaciones sociales, ecologistas
instituciones ambientalistas y representantes de los gobiernos. Estos
eventos culminan con el envío de una carta al Presidente Pastrana
solicitando que detenga las fumigaciones
En febrero, indígenas y colonos de Sucumbíos presentan una
demanda contra la compañía DynCorp que fue contratada por
el Departamento de Estado de los EE.UU para fumigar los cultivos de coca
en Colombia por un monto de 600 millones de dólares. Según
la denuncia de los indígenas la compañía ocasionó
daños en la salud de la población ecuatoriana y en los cultivos
que se encontraban a 5 Km. de la frontera con Colombia".
“Casualmente” la misma empresa transnacional DynCorp fue contratada
por el Comando Sur de los estados Unidos para dirigir el soporte logístico
en la Base de Manta. La compañía ingresó a la Base
el viernes 15 de marzo con 134 personas; Según voceros del Comando
Sur “su ingreso fue claro y siguió el procedimiento aplicado
en otras bases en el mundo para tercerizar el servicio de apoyo”.
Durante el año se plantearon diversas acciones para exigir la salida
de esta compañía del país.
En agosto se pretendió utilizar la Cumbre Mundial de Desarrollo
Sostenible, que se realizó en Johannesburgo para denunciar los
impactos que sobre la salud y la economía tienen los programas
de erradicación de los cultivos ilícitos; en esta reunión
Estados Unidos logró presionar para que se modifique el texto oficial
y en lugar de condenar la forma de erradicación el texto planteó
"promover la cooperación internacional para combatir las plantas
narcóticas, tomando en cuenta sus impactos negativos en lo social,
económico y ambiental".
Los representantes de ONG y organizaciones sociales en la reunión
pidieron que se especifique que se usarán medios sustentables de
erradicación que garanticen la ausencia de efectos negativos en
la salud y en el ambiente. Sin embargo se aclaró que EE.UU. no
pueden garantizar que sus métodos de eliminación de estas
plantas sean completamente inocuos para las poblaciones locales.
En octubre once organizaciones presentaron el informe "Impactos en
el Ecuador de las fumigaciones del Plan Colombia En este documento se
exponen evidencias de que "las fumigaciones producen una sobre estimulación
del Sistema Nervioso Central que causa: dolor de cabeza, nauseas, vómitos,
dolor de estómago y debilidad; tienen severos impactos en los ecosistemas
y sobre los medios de subsistencia de las poblaciones de Ecuador y Colombia".
En el documento se plantea que “se puede temer que las fumigaciones
deriven en problemas de cáncer, mutaciones, malformaciones y abortos
entre la población afectada”.
La utilización del conflicto
Fuera de la violencia que genera el conflicto, hay una utilización
intencionada o no, del mismo; de manera tal que durante este año
se hizo más evidente la fobia que se comienza a presentar contra
los refugiados colombianos.
Las víctimas de un paradigma
Entre Julio y diciembre en Esmeraldas se produjeron 231 casos de violencia;
en el 56.7 por ciento de casos, los autores fueron identificados y no
tenían nada que ver con el conflicto colombiano; de ellos, el 15
por ciento constituyen lo que podría llamarse violencia doméstica
y casos que tienen que ver con venganzas personales y grescas originadas
en el consumo de bebidas alcohólicas. Hay un 4.3 por ciento de
casos de violencia cometidos por menores de edad y un número similar
de casos de violencia originados por policías, militares y guardias
de seguridad; solamente en el 2 % de los casos los actores están
identificados como colombianos.
Según la Policía en Sucumbíos durante el año
2002 se produjeron 139 asesinatos: 29 de las víctimas equivalentes
al 20 % fueron ciudadanos colombianos. El resto, en la mayoría
de los casos, han sido personas extrañas al medio.
El Diario La Hora de El Carchi registra 90 casos de violencia durante
el año 2002; de los cuales, en un 15 por ciento están implicadas
personas de nacionalidad colombiana, fundamentalmente en casos que tienen
que ver con tráfico de droga y posesión de dólares
falsos; hay un 15 por ciento de casos en los cuales no se identifica el
agresor.
Los robos representan el 37 por ciento de los casos denunciados, en la
mayor parte de ellos los autores han sido detenidos o por lo menos identificados;
igual situación registran las agresiones físicas, estafas,
extorsiones que suman el 9% de los casos.
La situación como justificación.
Dice una nota de prensa: “Cuatro ajusticiados eran acusados de robar
y matar a un comerciante del Milagro en el cantón Río verde,
norte de Esmeraldas. Alrededor de 1 000 comuneros de siete poblados, entre
ellos niños, formaron una turba que participó en la persecución,
detención, golpiza y asesinato a machetazos. Las autoridades locales
se dicen “asombrados” por el hecho, no justifican el “brutal
acto” cometido, pero tampoco lo critican, pues creen que “el
sentimiento de inseguridad y la influencia de la violencia que se vive
en el vecino país de Colombia” influyen para que estos actos
se cometan.
En otra información “ El Comandante del Distrito Especial
Fronterizo, confirmó la detención de un ciudadano a quien
se le incautó la cantidad de 20 kilómetros de tubería
perteneciente al Oleoducto Transecuatoriano, la versión oficial
señala que este material es empleado en la fabricación de
“misiles caseros”tierra-aire, capaces de derribar helicópteros
y avionetas. Acción Ecológica afirma que la denuncia del
robo de tubería es una manera de las petroleras de evadir sus responsabilidades
ambientales, al no retirar, como se debe, los materiales de los campos
abandonados” .
Acción Gubernamental
Todos estos elementos que configuran la situación en la frontera
son el pretexto para que el Gobierno del Ecuador endurezca su posición
y consolide el control militar sobre la región, que además,
en el caso de Sucumbíos, sostuvo frecuentes enfrentamientos con
el Gobierno central tanto por la construcción del OCP como por
el abandono al cual le tiene sometida.
La acción del gobierno con relación a la frontera se circunscribió
a tres grandes campos:
1.Aumento y fortalecimiento de la presencia militar y policial en la zona
2.cierre de fronteras
3.persecución a los colombianos
Aumento y fortalecimiento de la presencia militar
Esta acción se cumplió a través de varias estrategias:
"Creación de nuevos destacamentos en la zona de frontera;
Durante el 2002 la prensa reporta la creación de nuevos destacamentos
en la zona de frontera; : En esmeraldas: Mataje; en el límite entre
Esmeraldas y Carchi: Tobar Donoso; en el Carchi: El Carmelo y en Sucumbíos
los destacamentos de Lumbaqui y Santa Cecilia; El destacamento de Mataje,
cuenta con varias lanchas y un helicóptero para el patrullaje aéreo.
"Incremento de la presencia militar y policial
En febrero se hablaba de 6.000 militares en la frontera Norte En mayo
se informaba que “la Fuerza Terrestre redistribuyó sus equipos
y personal y trazó un plan de movilización, para cercar
la frontera con soldados, en caso de emergencia y trasladar 4000 hombres
adicionales en 48 horas.
En el segundo semestre se intensifica la acción militar y policial
en Carchi y Esmeraldas
En agosto se reestructura la Policía y define un solo comandante
policial para las cuatro provincias limítrofes con Colombia centralizando
el control administrativo, de los recursos humanos, materiales y de comunicaciones
.
En Diciembre, un alto porcentaje de los 4000 policías que se incorporaron
a esta Fuerza, fue destinado a las provincias fronterizas.
Capacitación
Una actividad permanente fue la capacitación de las Fuerzas Armadas
y de la policía en cursos de contra guerrilla, tácticas
de combate y patrullaje; dentro de esta actividad sobresale el programa
de acción conjunta y entrenamiento realizado por la Marina Mercante
del Litoral con la Armada Colombiana
Presencia del ejército en la construcción de obras de infraestructura
para la población
Dentro de este campo la prensa resalta dos tareas: la construcción
de obras de infraestructura básica en San Lorenzo . Y la ejecución
del Proyecto de Desarrollo Integral Fronterizo, en el cantón Putumayo,
en Sucumbíos; este último, es parte del plan de desarrollo
integral fronterizo, aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad el
13 de abril del 2002 y cuenta con financiamiento de la OEA .
Cierre de fronteras
En el primer semestre del 2002 se llegaron a plantear el toque de queda
y el cierre de fronteras “El Municipio de Lago Agrio dictó
una ordenanza para limitar el horario de las cantinas hasta las 20:00
y el de las licorerías a las 22:00. En una acción sorpresiva
ingresó a 30 mecánicas de motocicletas e incautó
45 vehículos que se encontraban sin documentos. .
En el segundo semestre hay un cambio de escenario y la atención
traslada a la frontera con Nariño; mientras comienza a disminuir
la violencia en Sucumbíos, en el Carchi se conforma una comisión
binacional para conversar en torno al control de los pasos fronterizos
ilegales y la restricción en el paso por el Puente Internacional
Rumichaca a partir de las 22 horas; propuesta que el Gobierno Provincial
del Carchi había planteado en meses anteriores.
En agosto se da paso a esta iniciativa lo que ocasionó pérdidas
a los empresarios ecuatorianos que redujeron en un 15 % sus exportaciones
por vía terrestre; “El Presidente de la Cámara de
Comercio de Tulcán denunció los maltratos y vejaciones que
sufrían los ciudadanos colombianos en los controles impuestos por
la Policía de Migración. las autoridades justificaron la
medida el propósito de reducir el ingreso de la delincuencia”.
El primero de septiembre se acentuó la disposición, ya no
se trataba solo de restringir sino de cerrar el paso por el Puente Internacional
Rumichaca a partir de las las 22 horas. Proliferaron las reacciones de
descontento tanto en Colombia como entre las cámaras de la producción
del Carchi.
Una encuesta realizada entre los habitantes de la frontera tanto en Colombia
como en el Ecuador respecto del cierre del Puente Rumichaca demuestra
que un alto porcentaje de la población que supera el 60% en Ecuador
y el 80% en Colombia cree que la medida fue inconveniente no solo por
que afecta el comercio sino, sobre todo por ser inocua por la existencia
de numerosos pasos ilegales no controlados; “se estiman unas 60
conexiones irregulares en toda la frontera” .
Persecución a Colombianos
El control sobre los ciudadanos colombianos que ingresan al Ecuador se
acentuó en el segundo semestre del año. Según declaraciones
del comandante de la policía a través del Director Nacional
de Migración, la Institución planteó en el Consejo
Consultivo de Política Migratoria el visado para el ingreso de
los ciudadanos colombianos al Ecuador porque “la Policía
con sus controles migratorios está deportando semanalmente entre
40 y 50 colombianos que se encuentran en forma ilegal en el país.
Pero los controles no sirven de nada si al siguiente día ellos
pueden ingresar libremente".
Las medidas adoptadas en el Ecuador son respondidas por Colombia en términos
similares lo que ocasiona malestar en la población, que si bien
está de acuerdo conque se exija documentos a los extranjeros en
el Ecuador “para garantizar la entrada de personas honorables”
;no está dispuesta a enfrentar una situación similar cuando
sale al exterior.Estos hechos provocan un desajuste en las relaciones
entre Ecuador y Colombia; El ministro de Gobierno afirma que no se trata
de romper las relaciones bilaterales; si no de mantener el orden en la
frontera “cerrando el paso a los delincuentes” Mientras tanto
el Embajador de Colombia calificó como”apresurada”
a la medida y afirmó que se han exagerado los efectos del conflicto
colombiano en el Ecuador.
Al referirse a las acciones de la Policía de Migración la
prensa hablaba de “permanente cacería a colombianos indocumentados,
quienes son detenidos y puestos a órdenes de la autoridad competente
para su deportación . Refugiados
No solo las fumigaciones y la violencia que vive Colombia trae colombianos
al Ecuador; también el proceso de dolarización hace que
nuestro país resulte atractivo para la mano de obra Colombiana.
Así el refugiado se confunde con el migrante económico,
las condiciones en las que llegan unos y otros son totalmente distintas,
pero las leyes no les diferencian y eso hace que la situación del
refugiado sea aun más difícil.
El informe de OIPAZ del 2001 planteaba “ La gran mayoría
de familias refugiadas han perdido sus bienes, fincas y sembríos,
ya sea porque no pueden retornar a su lugar de origen pues su vida corre
peligro, o porque son personas y familias que perdieron sus medios de
subsistencia por las fumigaciones” . Esta descripción sigue
siendo válida para el 2002
Frente a la decisión del Gobierno Colombiano de intensificar las
fumigaciones, en el 2002 ACNUR y otros organismos preparaban condiciones
para hacer frente al éxodo masivo de colombianos a nuestro país;
“ACNUR tiene preparado un Plan de Contingencia para recibir 1 500
personas que soliciten refugio en Tulcán. El presupuesto de ACNUR
es de 800 000 dólares, con la posibilidad de incrementarse a 1,2
millones, si la situación se agrava. Pero aunque el flujo migratorio
fue alto no alcanzó la cifra que se esperaba.
Según los datos de la Oficina de Movilidad de Sucumbíos,
Desde el mes de julio se incrementó el flujo de refugiados al Ecuador
previéndose que diariamente por Sucumbíos ingresan alrededor
de 70 colombianos, la mayoría niños y mujeres. Los motivos:
las fumigaciones que se realizaron en el departamento de Putumayo, y el
incremento de la violencia armada en los departamentos fronterizos de
Caquetá y Huila..
No todos los que llegan solicitan refugio, y eso les deja fuera no solo
de las estadísticas sino, sobre todo, de la posibilidad de recibir
ayuda; Si bien los solicitantes de refugio reciben paquetes alimenticios,
alquiler de vivienda, medicina general, educación, equipamientos
de cocina y protección por un lapso no mayor de tres meses, no
pueden trabajar mientras dure el trámite de reconocimiento de su
condición de refugiado.
“Nubia Estauri se encuentra hace nueve meses con un permiso provisional:
“No puedo trabajar porque no tengo un certificado de refugiada,
me miran mal, nos tienen miedo porque somos colombianos”
Acogerse a la solicitud de refugiado no es garantía de permanencia
en el país, De los datos aportados por ACNUR entre octubre del
2001 y agosto del 2002 se registraron en Ibarra 1.442 solicitudes de refugio,
de las cuales 254 lograron ser reconocido por la Cancillería ecuatoriana;
lo cual significa el 17 % del total.
Situación del Refugiado
En la población, sobre todo de frontera hay una actitud de rechazo
al colombiano a quien acusan no solo por el aumento de la violencia, sino
por la disminución de los puestos de trabajo para el ecuatoriano
y es que muchos comercios, pequeñas industrias, negocios prefieren
emplear colombianos.
A la imagen negativa y cierta fobia contra los colombianos contribuyen
los medios de comunicación que hacen noticia a partir de rumores
y no se preocupan de confirmarlas ni de darles seguimiento; las informaciones
tienden a ser generalizaciones con las cuales se va construyendo un nuevo
paradigma.
Tras el anuncio de la ruptura de los acuerdos de paz; los editoriales
del diario la Hora, del Carchi aunque ven con buenos ojos la medida que
“pulverizará a la guerrilla” comienzan a alertar sobre
las repercusiones que tendrá en el Ecuador, sobre todo en lo concerniente
a la “posible incursión en su territorio de refugiados y
guerrilleros” . Al juntar estos dos actores en una misma categoría,
crea una imagen distorsionada de la situación.
La Hora de Esmeraldas en una noticia del 15 de septiembre planteaba “a
la población ecuatoriana le preocupa el aumento de la violencia
que ha traído consigo la llegada de muchos colombianos; el Ecuador
se prepara para hacer frente a la problemática reforzando militarmente
la frontera” .
Otra nota de prensa decía: “San Lorenzo es víctima
de las acciones del Plan Colombia; por la lucha fratricida que viven los
hermanos del norte, muchos de sus habitantes han emigrado y han llegado
a San Lorenzo en busca de refugio, causando con ello graves problemas
sociales. Las páginas de los periódicos están llenas
de noticias trágicas del Cantón san Lorenzo, crímenes
permanentes, falta de los servicios básicos, calles en mal estado,
desocupación, invasiones de tierras, escuelas sin maestros, etc.,
son indicadores de la situación que vive el fronterizo cantón.”
El Otro lado de la medalla
En una nota de agosto el Comercio planteaba: “Una colombiana con
sus tres hijos está en Ecuador en calidad de refugiados. Los cuatro
huyeron del Valle del Cauca porque las FARC asesinaron a su esposo, por
no pagar una extorsión de 770 dólares. Ella explica que
“a pesar de que el país es pacífico, es trato de las
personas tiene otros matices. La gente nos mire con apatía, creen
que somos delincuentes o matones. Nos es difícil conseguir departamentos
de arriendo.” La Policía se queja constantemente de que las
bandas delictivas y de secuestradores que operan en el país están
lideradas por colombianos. En los boletines de prensa que emite la institución
es común leer información que se refiere a delincuentes
“con acento colombiano”.
Aporte del refugiado
El Comercio del 18 de marzo en una noticia referida al censo de los colombianos
señalaba “entretanto, la tierra colorada continúa
reclutando a los colombianos desempleados. El 90 por ciento de colombianos
se dedica a la agricultura en el sector rural. La eficiencia de los colombianos
desemboca en una mayor demanda de sus servicios. “Los Colombianos
introdujeron nuevas técnicas de cultivo y semillas de pasto que
permite mejorar la producción en esta región”
En mayo una nota de prensa en torno a la presencia de refugiados en Los
Ríos señala: “Gerardo Hernández, un comerciante
colombiano, tiene pequeños negocios tanto en Quito como en Guayaquil
en los cuales da trabajo a varios ecuatorianos. "Aquí en Quevedo
busco jóvenes que deseen aprender a hacer empaques".
Pese a la prohibición y al control cada vez más estricto
de la policía los refugiados colombianos se dan modos para trabajar
y ganarse el sustento diario “Ante la difícil situación
las mujeres refugiadas ha tomado la iniciativa de montar una empresa para
la venta del tradicional “tinto”. La empresa cuenta con 20
vendedoras que se mueven por diversas rutas en la ciudad de Tulcán
.
Otra nota habla de los niños, hijos de los refugiados colombianos
que llegan a Tulcán y que se dedican a diversas tareas, entre ellas
limpiar los parabrisas de los buses interprovinciales en el Terminal Terrestre.
Cada vez hay un mayor numero de colombianos hombres y mujeres, adultos
y niños que ingresan al Ecuador. Frente a la situación de
violencia que viven en su país y que les lleva a plantear “
lo que pasa es que en Colombia la cosa está cada vez mas complicada.
Uno se acuesta y no sabe si se despertará vivo. Por eso uno tiene
que buscar dónde estar seguro" ; no son los controles ni las
deportaciones las que les van a detener cuando están en juego su
vida y la de sus hijos.
Por cada persona que solicita refugio, hay 3 que ingresan ilegalmente;
entonces más que acciones militares se requiere decisión
política para enfrentar este problema que por el momento no es
abordado, desde el punto de vista social, político ni económico;
sino como un elemento más de la crónica policial.
Documentación: Izabella Sowa
Thania López
Sistematización: Susana Rodas L.
PRODUCED BY: OBSERVATORIO INTERNATIONAL POR LA PAZ (OIPAZ)
(International Observatory for Peace)
DOCUMENTATION: Thania López and Izabella Sowa
REPORT: Susana Rodas
TRANSLATION: Izabella Sowa
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Servicio Paz y Justicia - Ecuador (SERPAJ-E)
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